Breve
historia de la Selva Lacandona
Los mapas
Los mapas nos acercan al espacio en que vivimos,
al espacio que nos importa, si tan sólo buscamos las relaciones que lo
cruzan. Los mapas nos ayudan a pensar problemas para los que buscamos
una respuesta que a veces las palabras esconden. En los mapas que presentamos,
se hace una breve historia de la Selva Lacandona a partir del sexenio
del gobierno de Luis Echeverría, es decir a partir de los años setenta
del siglo XX. Buscamos mostrar cómo han pensado los gobiernos sucesivos
de José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto
Zedillo, el espacio económico y político de un recurso vital, que es también
la casa de una civilización campesina que sigue viva, en resistencia.
Por tanto, los mapas están cruzados por los intereses petroleros, la política
agraria, el patrón de asentamientos humanos de algunas regiones de la
Selva Lacandona, las políticas de conservación y sus contradicciones con
las políticas de explotación, irracional, de sus recursos.
La zona vive una guerra contra la población que habita la Selva Lacandona
y sus Cañadas, y no sólo contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Por eso también los mapas muestran la posición de los cuerpos policiacos,
militares y paramilitares que intentan el control represivo de la región.
Por último, apuntan algunas preguntas en torno a los motivos de la conservación,
ahora que algunas empresas parecen traficar con los recursos de la biodiversidad
que se encuentra en la zona.
No sólo los lacandones habitan la Selva Lacandona. Por siglos la compartieron
los choles, los tzeltales y los choltíes, de origen maya. Durante la conquista
los choltíes —“los de Acantún” porque vivían en una isla de la laguna
de Miramar llamada Acantún— comenzaron a ser conocidos como lacandones.
Insumisos siempre ante los españoles, los exterminaron. Los lacandones
de hoy llegaron de El Petén y de Campeche en el siglo XVIII.
Terminada la “pacificación” de la selva en los siglos XVI y XVII, a los
sobrevivientes choles del exterminio los reubicaron en Tumbalá y en Palenque;
a los tzeltales en Bachajón y Ocosingo.
Oro verde
La primera causa de destrucción en la Selva Lacandona fueron las monterías,
que deforestaron desde Guatemala y luego desde Tabasco, aprovechando la
Ley de Baldíos de 1863 que permitía denunciar como propios terrenos ignotos
hasta por 2500 hectáreas y que ocasionó que empresas privadas penetraran
la selva para explotar palo de tinte, caoba y cedro. Hacia 1892 la caoba
lacandona tuvo tal auge que comenzó a fluir en grandes cantidades a Liverpool,
Londres, Hamburgo y Nueva York. Fue la época de oro de la caoba.
Animadas por las políticas de inversión extranjera de Porfirio Díaz, diez
compañías expandieron o iniciaron sus actividades de extracción mediante
contratos de arrendamiento y explotación. Toda la zona aledaña a los ríos
caudalosos, propicios para el transporte de las trozas, se cubrieron de
campamentos de extracción. Las monterías mantuvieron a los peones en un
estado de esclavitud, “amarrados por deudas y por 100 kilómetros de despoblado
imposible de franquear”.
Estas empresas ocasionaron daños irreparables a la selva. Su daño es menor
comparado con el que ocasionaron entre 1951 y 1973 Maderera Maya y el
Aserradero Bonampak. Con el uso intensivo de maquinaria pesada, la apertura
de grandes brechas hacia zonas inaccesibles y la instalación de enormes
campamentos, fueron sin duda los mayores devastadores de la Selva Lacandona
junto con la ganadería y el auge petrolero desatados a partir de los sesenta
y setenta.
Entre 1860 y 1960 se deforestaron 665 mil hectáreas de selva de las 1.6
millones existentes.
Éxodo, colonización, ganado y latifundistas
Desde los años cuarenta, la selva fue el refugio de los peones acasillados
tzeltales y choles que retornaron a la tierra de sus ancestros huyendo
de los finqueros.
La avalancha hacia la selva ocurrió a partir de los años cincuenta y sesenta,
cuando la ganadería de exportación y para consumo interno era una prioridad
para el Estado. El gobierno y los bancos otorgaron préstamos generosos
para reconvertir las antiguas fincas en pastizal. Tornaron entonces pastizal
sus plantaciones y la tierra que daban en renta o aparcería a los sembradores
de maíz; desmontaron también nuevas áreas, ocasionando deforestación y
erosión.
Entre 1974 y 1986 un 42% de la superficie se volvió terrenos ganaderos.
En paralelo, la población del estado crecía y la poca tierra, de por sí
pobre, fue cada vez más insuficiente, por lo que se disparó también un
éxodo de los campesinos tzotziles y tzeltales de los Altos y los tojolabales
de la zona de Comitán.
Primero se habían ido a las fincas de acasillados. Ahora, sin tierra que
rentar, sobrantes en los nuevos ranchos ganaderos o desplazados por la
mano de obra guatemalteca en las plantaciones, penetraron a la selva.
Por no afectar a los caciques chiapanecos que poseían cerca del 60% de
la superficie, el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (daac)
abrió la selva a los solicitantes de tierra de Chiapas y otras entidades
disponiendo de 590 164 hectáreas de selva para dotaciones.
Este reparto agrario fue una estafa. Las superposiciones en la dotación
agraria a partir de 1970 son responsables de la mayoría de las “irregularidades”
en la tenencia de la tierra que hoy provoca, como entonces, la tentación
de desalojo por parte de las autoridades.
Baste decir que supuestamente la superficie agraria de Chiapas es de unos
7 millones 500 mil hectáreas. Sin embargo, en el censo de 1990 se contabilizaron
500 mil hectáres más.
Para principios de los setenta más de 3 mil familias campesinas tzeltales
y choles (más de 30 poblados) tenían ya años viviendo en los alrededores
del Valle de San Quintín y en otras áreas que seguían las rutas de la
explotación de la madera y contaban ya con Resoluciones presidenciales,
ejecutadas y sin ejecutar, o trámites pendientes. En la selva había ya
100 mil migrantes.
El mapa muestra la falsa lógica de este reparto agrario (que dejó fuera a más de 3 mil familias choles y tzeltales con Resolución presidencial o trámites anteriores al decreto de la Comunidad Lacandona), con el único fin de destinar áreas de bosque de maderas finas para los grandes capitales y funcionarios públicos que durante los últimos treinta años habían talado la selva. La Compañía Forestal Lacandona sa (Cofolasa), una maderera paraestatal, fue entonces el prestanombres para este jugoso negocio que el Decreto de la Comunidad Lacandona garantizó.
Nótese que en ese entonces todo el Valle de San Quintín (hoy una de las más importantes bases del ejército federal) quedó fuera de la Comunidad Lacandona.
Ver mapa 6.
Durante el sexenio de López Portillo el énfasis fue la extracción petrolera.
1. Los 2.6 millones de hectáreas de la Zona de Protección Forestal —decretada en 1978 al mismo tiempo que la Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules (ribma)— abarcan todas las áreas que en aquel entonces los geólogos de Pemex sospecharon contenían las mayores posibilidades petroleras.
2. Las 331200 hectáreas de la ribma eran el área natural conservada con menores posibilidades petroleras dentro de la Comunidad Lacandona, que a su vez está dentro de la Zona de Protección Forestal.
3. Las grandes áreas de prospección petrolera (la Región Ocosingo, el Área Lacantún y el Prospecto San Fernando) que Pemex estableció en los años ochenta, confirmaron las prospecciones iniciales en algunos casos, pero en otros establecen nuevas áreas de interés petrolero. Ver mapa 5.
4. Como conclusión se descifra la falsa lógica de protección de la selva que se encuentra detrás de la Zona de Protección Forestal y de la ribma, subordinadas en aquel entonces al auge petrolero y sus expectativas. Sólo se decide conservar donde se espera menos petróleo, haciendo de lado los derechos agrarios de lacandones, choles y tzeltales.
En estos dos mapas se observa que en algún momento el gobierno federal dudaba de cuáles debían ser las fronteras de las áreas de conservación, los santuarios o núcleos duros, y las zonas de amortiguamiento restringida y condicionada.
El mapa 3 muestra la versión inicial de la Montes Azules, muy parecida a la actual. La RIBMA se superpone con la Comunidad Zona Lacandona a partir del río Lacanjá.
Suponemos que se intentaba dar manos libres a la extracción petrolera que decían existía en la región oriental. En compensación la ribma se extendía hacia el occidente, lo que incluyó en el área protegida a las comunidades asentadas en el valle de San Quintín desde los años cuarenta pero sobre todo desde los sesenta, creando artificialmente una zona problemática.
Esta versión tentativa de Montes Azules consideraba otra zona núcleo en el corazón de Marqués de Comillas, área de conservación que después quedó extrañamente olvidada. La versión actual de la ribma se parece más a la versión inicial. Ver mapas 3 y 6.
Mapa 5. En
el sexenio de Carlos Salinas las principales perforaciones y hallazgos
petroleros conllevan deforestación.
El mapa muestra cómo en 1993 las grandes áreas deforestadas de la Selva
Lacandona coincidían en mayor o en menor medida con las grandes regiones
donde las empresas transnacionales reconocían la presencia de los principales
yacimientos de petróleo, o bien donde Pemex ha perforado y taponado sus
principales pozos exploratorios.
La coincidencia es particularmente asombrosa en Marqués de Comillas en
donde el área más deforestada de toda la región coincide puntualmente
con el gran yacimiento Lacantún.
El mapa muestra también las nuevas áreas naturales protegidas hacia el
este: Lacantún, Chan Kin, Bonampak, la Cojolita y Yaxchilán. Esto sugiere
que las viejas expectativas petroleras en el prospecto San Fernando (ver
mapa 2) terminaron resultando falsas, y expresa la enorme importancia
que en la década de los noventa adquirió la biodiversidad como la materia
prima estratégica de la ingeniería genética. Las nuevas áreas protegidas
aprovechan zonas bien conservadas de selva.
[2]
No es un error de proyección topográfica. La extraña incongruencia en las versiones oficiales podría estar ligada a la presencia de yacimientos de petróleo en esta región —que le comerían más terreno a la ribma— mientras los biogenetistas pugnarían por más terreno conservado para extraer de ahí muestras genéticas muy provechosas comercialmente.
Es la región más densamente controlada por el ejército, la que presenta la acción más perniciosa de los paramilitares —que han expulsado a miles de personas— y en donde sí ocurren incendios reales. Esto podría sugerir una compleja situación en la que hacen carambola diferentes procesos: intereses petroleros en contra de intereses de la nueva industria de la biodiversidad; intereses militares que se entretejen con los petroleros, pero que apoyan el interés petrolero y biogenetista comercial por vaciar la zona. La situación se agrava al confrontar a conservacionistas contra los campesinos tzeltales y choles habitantes de la región que siguen luchando por ser reconocidos en su derecho legal de vivir en la Selva.
En Montes Azules 31 asentamientos están legalmente constituidos; 11 se consideran irregulares.
El Decreto de restitución de bienes comunales a los lacandones, despojó al resto de los ejidatarios de sus derechos agrarios. Su lucha y resistencia logró el reconocimiento de sus derechos agrarios mediante Resoluciones y Ejecuciones de dotación posteriores al Decreto y a la constitución de la RIBMA.
La nueva ofensiva desatada contra de los pobladores de la selva, con amenazas de desalojo bajo el cargo de delitos ambientales y con el propósito de conservación, se dirige contra 32 asentamientos situados en la Comunidad Lacandona, en la RIBMA, o en ambas. La problemática de cada uno tiene diversos orígenes.
Diez de los 32 ejidos amenazados están totalmente regularizados: 8 cuentan con dotaciones presidenciales ejecutadas y 2 con otro tipo de acuerdos legales; 4 fueron oficialmente dotados antes del decreto a favor de la comunidad lacandona y de la reserva. Otros 6 fueron oficialmente titulados a finales de los ochenta.
Cinco ejidos más —constituidos oficialmente— solicitaron superficies complementarias, entre otras razones porque sus Resoluciones presidenciales se ejecutaron sólo parcialmente.
Cinco casos son ejidos viejos, legalmente constituidos, que solicitaron ampliación debido al crecimiento natural de la población, que fue rechazada. Al menos en dos casos la negativa gubernamental tardó 7 y 10 años.
Dos asentamientos solicitaron con anterioridad regularizar su situación agraria, la cual se rechazó.
Diez asentamientos pueden considerarse recientes. La mayoría de ellos los integran desplazados de la guerra sucia, a partir de 1995.
Confusión agraria
1971
El 26 de noviembre una Resolución presidencial concede 614321 hectáreas
a 66 comuneros lacandones, sin tomar en cuenta a otros pueblos con trámites,
resoluciones o dotaciones anteriores, unas 3 mil familias tzeltales y
choles asentadas en la Selva Lacandona en décadas anteriores con aprobación
del gobierno. Tras el decreto se encontraba el acuerdo entre los representantes
lacandones y la Compañía Forestal de la Lacandona sa, (Cofolasa), propiedad
del Estado —que permitía la explotación de 35 mil metros cúbicos de caoba
y cedro por diez años.
1972
El 26 de marzo se publica oficialmente esta Resolución ejecutada el 24
de septiembre sin realizar los trabajos de deslinde.
1974
Ante la amenaza de desalojo de los ejidatarios asentados con anterioridad
—con Resoluciones presidenciales ejecutadas y sin ejecutar o con trámites
de solicitud pendientes— 26 comunidades resisten, lo que contribuye a
la formación de la Unión de Ejidos Quiptic Ta Lecubtesel en 1975. Los
topógrafos comienzan a trazar los límites del perímetro de la Comunidad
Zona Lacandona desmontando una brecha de 10 metros de ancho. Otros 23
poblados tzeltales y choles aceptan la relocación y las promesas de apoyo
gubernamental, crédito y subsidios, en los nuevos asentamientos de Frontera
Echeverría (Frontera Corozal) y Velasco Suárez (Nueva Palestina). Se inician
los trabajos técnicos para las 1452 personas que firman un convenio de
reubicación.
1977
Enfrentamiento en Nueva Providencia entre las comunidades de la Quiptic
y la policía, ante los hostigamientos y la amenaza de desalojo.
1978
El 12 de enero el gobierno publica el decreto de dos áreas protegidas
en la Selva Lacandona: la Zona de Protección Forestal (2.6 millones de
hectáreas), y dentro de ésta la Reserva Integral de la Biosfera Montes
Azules (331200 hectáreas). La reserva ocupa más del 50 por ciento de la
Comunidad Lacandona.
En marzo un grupo de 800 campesinos de Quiptic bloquea la construcción
de “la brecha” que delinearía la Comunidad Lacandona. La organización
se expande rápidamente conforme los ejidos del norte y el este de Ocosingo
se integran a la lucha por defender sus derechos agrarios.
1980
La convergencia en torno a la comercialización del café culmina con la
formación, en septiembre, de la Unión de Uniones Ejidales y Grupos Campesinos
Solidarios de Chiapas (uu). La uu une a las tres Uniones de Ejidos formadas
en la segunda mitad de los setenta: Quiptic Ta Lecubtesel en el municipio
de Ocosingo; Lucha Campesina y Tierra y Libertad, en Margaritas, uniendo
grupos productores de Los Altos, la Selva y la región fronteriza. Es la
primera y más amplia organización campesina independiente de Chiapas de
entonces: representa a 12 mil familias, de 180 comunidades, en once municipios.
1981
A raíz de la marcha de más de 2 mil campesinos de la uu para exigir la
suspensión de las órdenes de desalojo y el reconocimiento de sus derechos
agrarios afectados por el Decreto de la Comunidad Lacandona, se suspenden
los desalojos.
1984
En enero se firma un acuerdo con la Reforma Agraria para respetar los
títulos ejidales de las 26 comunidades de la Quiptic. La sra regional
retiene la instrumentación de los acuerdos y se pierden documentos relevantes
en el edificio de la sra en México en los terremotos de septiembre de
1985. La demora es también política. La solución depende de que acepten
unirse a la cnc. Deciden mantenerse independientes.
1985
Ejecución real del decreto que establece la Comunidad Zona Lacandona con
485509 hectáreas incluyendo los dos nuevos centros de población. Quedan
fuera del decreto los 26 ejidos de Quiptic asentados en la zona. El conflicto
agrario persiste.
1986
Como hoy, los colonos campesinos son vistos en los medios de información
y en los documentos oficiales como la principal causa de deforestación
en Chiapas mientras que los madereros y los ganaderos pasan desapercibidos.
Las dilaciones de la sra local mantienen viva la amenaza de desalojo.
La Quiptic propone alternativas de solución basadas en las necesidades
económicas y sociales de las comunidades afectadas, y se compromete a
conservar la selva si el gobierno reconoce los derechos de los 26 ejidos
y los apoya para fomentar una agricultura intensiva más sustentable. Se
crea la Comisión Intersecretarial para la Selva Lacandona.
En octubre se reúnen en Palenque los representantes de la sra, Sedue,
el gobernador chiapaneco, la sarh , el Coplade y la Quiptic. Se acuerda
reconocer los derechos de los 26 ejidos y los funcionarios de la sarh
prometen proporcionarles apoyo técnico y financiero. La Quiptic se compromete
a participar en los programas de conservación y reforestación de la selva.
1987
Se firma un acuerdo final entre CFE, Pemex, Sedue, sarh, sra, Cofolasa,
el gobierno del estado y Quiptic. Se establece un Comité Coordinador para
la Preservación de la Selva Lacandona. Se legaliza la unificación de las
varias organizaciones de la Unión de Uniones en una organización de tercer
nivel (la aric Unión de Uniones).
1988
El 24 de marzo se firma un convenio entre comuneros, núcleos ejidales
y representantes del gobierno. El 9 de julio se ejecuta por segunda ocasión
la Resolución presidencial publicada en 1972, pero ahora reconoce 501106
hectáreas de superficie y ratifica el convenio firmado en marzo. 17275
hectáreas corresponden a 11 ejidos con resolución anterior al decreto
de la Zona Lacandona, 51010 corresponden a 26 poblados solicitantes de
tierras con trámites pendientes y 6 mil son destinadas a los reubicados
en los nuevos centros de población.
Después de 15 años de lucha, el 25 de agosto se otorgan los títulos definitivos
para los 26 ejidos de Quiptic, pero ya en ese momento existían más solicitudes
en espera de solución. El crecimiento de las familias más viejas asentadas
en la Selva, exige ampliaciones que comienzan a verse como “irregulares”.
1989-1993
Como primera acción agraria del presidente Salinas, en enero de 1989 se
entregan oficialmente los títulos de propiedad para Quiptic.
Comienza también el retiro de las instituciones estatales de financiamiento,
apoyo y asistencia técnica.
Debido a la presión de los ambientalistas se establece una veda forestal
de carácter total que incide incluso contra el corte de madera para uso
doméstico, lo que enfrenta a los pobladores de la selva con los guardias
forestales y la policía. Esta veda no se acompaña de programas que promuevan
fuentes alternativas de ingreso. La veda también afecta a la ganadería
en pequeña escala, que deja de recibir apoyos.
Esto crea un círculo vicioso que se combina con el aumento en la población.
Se dispara una rotación de las tierras más acelerada, el desmonte avanza
y las tierras de la selva rinden menos. Caen los rendimientos del maíz
y frijol. Escasean los alimentos, los campesinos enfrentan dificultades
para comercializar sus productos; se renueva la presión sobre la tenencia
de la tierra.
Si se añade a esto la caída del precio del café, la contrareforma salinista
al artículo 27 constitucional y los programas de solidaridad que a nivel
micro palian, pero no resuelven, los problemas creados a nivel macro económico,
la situación estalla.
1994
Entra en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Aparece
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomando algunas de las principales
cabeceras de los Altos y la Selva.
Después de 12 días de combate y haciendo eco de los reclamos de paz de
la sociedad civil, el ezln se sienta a dialogar con el gobierno. Los diálogos
continúan todo el año mientras crece la militarización de Chiapas, en
particular en la Selva y los Altos.
1995
El 9 de febrero el gobierno rompe de facto las pláticas y pretende aprehender
a la comandancia del ezln. Miles de familias huyen de sus comunidades,
algunas a la Selva.
El diálogo se renueva a fines de marzo pero toma impulso en octubre. El
ezln convoca a representantes de organizaciones y a investigadores del
tema indígena a dialogar sus demandas directamente con el gobierno.
1996
El 16 de febrero se firman los Acuerdos de San Andrés, una herramienta,
tejida desde la base social, para democratizar las relaciones entre gobernantes
y gobernados. El gobierno se compromete, en resumen, a no continuar con
políticas unilaterales. Comienza el proceso de paramilitarización y aumenta
la militarización del estado y de las zonas indígenas del país.
Ante el incumplimiento gubernamental reiterado, el ezln supende el diálogo
en agosto sin romperlo, y fija cinco condiciones para retomarlo: cumplimiento
de los Acuerdos de San Andrés, un interlocutor con capacidad de decisión,
liberación de los presuntos zapatistas, fin a la presencia militar y paramilitar,
darle peso a la Comisión de Seguimiento.
1997
En varias regiones de los Altos y la Selva se crean municipios zapatistas
en resistencia que desligitman al gobierno. El hostigamiento militar y
de las bandas paramilitares crece en las orillas de estos municipios.
Hay en varios de ellos resistencia civil a la presencia del ejército federal.
En diciembre, un grupo de paramilitares asesina a 45 personas en Acteal,
Chenalhó. Al momento hay ya unos 20 mil desplazados internos, verdaderos
refugiados de la guerra sucia.
1998-1999
El cerco militar, policiaco y paramilitar sobre los municipios zapatistas
y las zonas indígenas de Chiapas se recrudece. De 40 mil efectivos en
1995, para finales de 1999 por lo menos se ha duplicado. En 1998, la sequía
prolongada provoca múltiples incendios en todo el país, y a nivel mundial.
La Selva Lacandona no es la excepción. A nadie, salvo a los campesinos,
parece importarle.
2000
Se desata una campaña contra los supuestos incendios en la Selva Lacandona.
Se responsabiliza a los campesinos asentados en la Comunidad Lacandona
y en la ribma. Las propias mediciones de Conabio desmienten tal afirmación.
Los tres incendios visibles desde el satélite están en la cercanía de
los campamentos del ejército federal. Varios ecologistas y académicos
promueven el desalojo de los campesinos para proteger la selva. La Semarnap
exige la reubicación de varias comunidades “irregulares” que según sus
funcionarios no tienen derecho a estar en la selva. Existe la amenaza
de desalojo por parte de la Policía Federal Preventiva a las comunidades
que no acepten su reubicación.
2002
De nuevo hay denuncias y avisos de que se planea una acción de desalojo.
El gobierno de Chiapas lo desmiente, pero el gobierno federal, la PFP
y el Ejército, no dicen nada. Sin embargo, el rumor crece.
¿Y la ecología?
La riqueza
La Lacandona es una de las más extensas selvas
altas perennifolias del país, la segunda selva tropical más importante
de Latinoamérica después de la Amazonia, uno de los ecosistemas más complejos
y diversos que se conocen. Incluye una porción significativa de la biodiversidad
mexicana.
Las 331200 hectáreas la Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules
(RIBMA), representa un quinto de la Selva Lacandona original, y en ella
se encuentra el 70% de la vegetación original remanente: unas 4000 variedades
de plantas vasculares y 1500 de árboles.
Entre 20 y 25 % de las especies animales mexicanas están presentes en
Montes Azules: más del 33% de las especies mexicanas de aves (345); cerca
del 25% de especies de mamíferos (112); un 44% de las especies de mariposas
diurnas (800).
Su macizo forestal permite la regulación hidrológica regional, mantiene
la humedad de los suelos y el control de la erosión.
La cuenca Usumacinta-Grijalva contiene un tercio de los recursos de agua
dulce de México. El sistema Grijalva genera más del 30% de la energía
eléctrica del país.
Cuenta con amplias reservas de petróleo y gas; yacimientos de uranio,
hierro, aluminio, cobre.
Varias de estas riquezas están en la mira de algunas empresas porque le
son indispensables a los campos de la biogenética, la microelectrónica
y la nueva tecnología de materiales. Sus reservas de petróleo siguen siendo
codiciadas.
¿Conservación?
El argumento de conservación de la Reserva
de la Biosfera Montes Azules desenterró en el peor momento el antiguo
conflicto agrario con la Comunidad Lacandona. En la amenaza de desalojar
a las comunidades o en la posible privatización de las áreas naturales
protegidas no se ha considerado que varios de los poblados emplazados
no se encuentran en la ribma sino en la Comunidad Lacandona; que varios
otros están legalmente constituidos, han sufrido las dilaciones de las
instituciones agrarias o tuvieron que refugiarse en la selva ante el acoso
del ejército federal o los paramilitares.
Si los mapas de la Lacandona caminan es porque se han adaptado a los intereses
en turno —madereros, petroleros, agrarios o de bioprospección— a los que
hoy se agregan los objetivos militares del gobierno mexicano.
Y mientras las políticas hacia la selva no se diseñen y se ejecuten con
la participación de las comunidades, articulando conservación de recursos
con prosperidad de quienes ahí viven, la selva y sus habitantes seguirán
en peligro.