Breve historia de la Selva Lacandona

Los mapas

Los mapas nos acercan al espacio en que vivimos, al espacio que nos importa, si tan sólo buscamos las relaciones que lo cruzan. Los mapas nos ayudan a pensar problemas para los que buscamos una respuesta que a veces las palabras esconden. En los mapas que presentamos, se hace una breve historia de la Selva Lacandona a partir del sexenio del gobierno de Luis Echeverría, es decir a partir de los años setenta del siglo XX. Buscamos mostrar cómo han pensado los gobiernos sucesivos de José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, el espacio económico y político de un recurso vital, que es también la casa de una civilización campesina que sigue viva, en resistencia.
Por tanto, los mapas están cruzados por los intereses petroleros, la política agraria, el patrón de asentamientos humanos de algunas regiones de la Selva Lacandona, las políticas de conservación y sus contradicciones con las políticas de explotación, irracional, de sus recursos.
La zona vive una guerra contra la población que habita la Selva Lacandona y sus Cañadas, y no sólo contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por eso también los mapas muestran la posición de los cuerpos policiacos, militares y paramilitares que intentan el control represivo de la región. Por último, apuntan algunas preguntas en torno a los motivos de la conservación, ahora que algunas empresas parecen traficar con los recursos de la biodiversidad que se encuentra en la zona.


Los selváticos
No sólo los lacandones habitan la Selva Lacandona. Por siglos la compartieron los choles, los tzeltales y los choltíes, de origen maya. Durante la conquista los choltíes —“los de Acantún” porque vivían en una isla de la laguna de Miramar llamada Acantún— comenzaron a ser conocidos como lacandones. Insumisos siempre ante los españoles, los exterminaron. Los lacandones de hoy llegaron de El Petén y de Campeche en el siglo XVIII.
Terminada la “pacificación” de la selva en los siglos XVI y XVII, a los sobrevivientes choles del exterminio los reubicaron en Tumbalá y en Palenque; a los tzeltales en Bachajón y Ocosingo.

Oro verde
La primera causa de destrucción en la Selva Lacandona fueron las monterías, que deforestaron desde Guatemala y luego desde Tabasco, aprovechando la Ley de Baldíos de 1863 que permitía denunciar como propios terrenos ignotos hasta por 2500 hectáreas y que ocasionó que empresas privadas penetraran la selva para explotar palo de tinte, caoba y cedro. Hacia 1892 la caoba lacandona tuvo tal auge que comenzó a fluir en grandes cantidades a Liverpool, Londres, Hamburgo y Nueva York. Fue la época de oro de la caoba.
Animadas por las políticas de inversión extranjera de Porfirio Díaz, diez compañías expandieron o iniciaron sus actividades de extracción mediante contratos de arrendamiento y explotación. Toda la zona aledaña a los ríos caudalosos, propicios para el transporte de las trozas, se cubrieron de campamentos de extracción. Las monterías mantuvieron a los peones en un estado de esclavitud, “amarrados por deudas y por 100 kilómetros de despoblado imposible de franquear”.
Estas empresas ocasionaron daños irreparables a la selva. Su daño es menor comparado con el que ocasionaron entre 1951 y 1973 Maderera Maya y el Aserradero Bonampak. Con el uso intensivo de maquinaria pesada, la apertura de grandes brechas hacia zonas inaccesibles y la instalación de enormes campamentos, fueron sin duda los mayores devastadores de la Selva Lacandona junto con la ganadería y el auge petrolero desatados a partir de los sesenta y setenta.
Entre 1860 y 1960 se deforestaron 665 mil hectáreas de selva de las 1.6 millones existentes.

Éxodo, colonización, ganado y latifundistas
Desde los años cuarenta, la selva fue el refugio de los peones acasillados tzeltales y choles que retornaron a la tierra de sus ancestros huyendo de los finqueros.
La avalancha hacia la selva ocurrió a partir de los años cincuenta y sesenta, cuando la ganadería de exportación y para consumo interno era una prioridad para el Estado. El gobierno y los bancos otorgaron préstamos generosos para reconvertir las antiguas fincas en pastizal. Tornaron entonces pastizal sus plantaciones y la tierra que daban en renta o aparcería a los sembradores de maíz; desmontaron también nuevas áreas, ocasionando deforestación y erosión.
Entre 1974 y 1986 un 42% de la superficie se volvió terrenos ganaderos.
En paralelo, la población del estado crecía y la poca tierra, de por sí pobre, fue cada vez más insuficiente, por lo que se disparó también un éxodo de los campesinos tzotziles y tzeltales de los Altos y los tojolabales de la zona de Comitán.
Primero se habían ido a las fincas de acasillados. Ahora, sin tierra que rentar, sobrantes en los nuevos ranchos ganaderos o desplazados por la mano de obra guatemalteca en las plantaciones, penetraron a la selva.
Por no afectar a los caciques chiapanecos que poseían cerca del 60% de la superficie, el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (daac) abrió la selva a los solicitantes de tierra de Chiapas y otras entidades disponiendo de 590 164 hectáreas de selva para dotaciones.
Este reparto agrario fue una estafa. Las superposiciones en la dotación agraria a partir de 1970 son responsables de la mayoría de las “irregularidades” en la tenencia de la tierra que hoy provoca, como entonces, la tentación de desalojo por parte de las autoridades.
Baste decir que supuestamente la superficie agraria de Chiapas es de unos 7 millones 500 mil hectáreas. Sin embargo, en el censo de 1990 se contabilizaron 500 mil hectáres más.
Para principios de los setenta más de 3 mil familias campesinas tzeltales y choles (más de 30 poblados) tenían ya años viviendo en los alrededores del Valle de San Quintín y en otras áreas que seguían las rutas de la explotación de la madera y contaban ya con Resoluciones presidenciales, ejecutadas y sin ejecutar, o trámites pendientes. En la selva había ya 100 mil migrantes.

   
     
    Mapa 1. En el sexenio de Luis Echeverría, Montes Azules no era todavía una Reserva Integral de la Biósfera. Contrastan los casi tres millones de hectáreas de selva “conservada” de aquel entonces con las 614 mil hectáreas que el gobierno federal otorgó a la Comunidad Lacandona en 1972 mediante Resolución presidencial.
El mapa muestra la falsa lógica de este reparto agrario (que dejó fuera a más de 3 mil familias choles y tzeltales con Resolución presidencial o trámites anteriores al decreto de la Comunidad Lacandona), con el único fin de destinar áreas de bosque de maderas finas para los grandes capitales y funcionarios públicos que durante los últimos treinta años habían talado la selva. La Compañía Forestal Lacandona sa (Cofolasa), una maderera paraestatal, fue entonces el prestanombres para este jugoso negocio que el Decreto de la Comunidad Lacandona garantizó.
Nótese que en ese entonces todo el Valle de San Quintín (hoy una de las más importantes bases del ejército federal) quedó fuera de la Comunidad Lacandona.
Ver mapa 6.
     
    Mapa 2.
Durante el sexenio de López Portillo el énfasis fue la extracción petrolera.
1. Los 2.6 millones de hectáreas de la Zona de Protección Forestal —decretada en 1978 al mismo tiempo que la Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules (ribma)— abarcan todas las áreas que en aquel entonces los geólogos de Pemex sospecharon contenían las mayores posibilidades petroleras.
2. Las 331200 hectáreas de la ribma eran el área natural conservada con menores posibilidades petroleras dentro de la Comunidad Lacandona, que a su vez está dentro de la Zona de Protección Forestal.
3. Las grandes áreas de prospección petrolera (la Región Ocosingo, el Área Lacantún y el Prospecto San Fernando) que Pemex estableció en los años ochenta, confirmaron las prospecciones iniciales en algunos casos, pero en otros establecen nuevas áreas de interés petrolero. Ver mapa 5.
4. Como conclusión se descifra la falsa lógica de protección de la selva que se encuentra detrás de la Zona de Protección Forestal y de la ribma, subordinadas en aquel entonces al auge petrolero y sus expectativas. Sólo se decide conservar donde se espera menos petróleo, haciendo de lado los derechos agrarios de lacandones, choles y tzeltales.
       
       
       
    Mapas 3 y 4. Dos versiones diferentes de La ribma y sus áreas de amortiguamiento.
En estos dos mapas se observa que en algún momento el gobierno federal dudaba de cuáles debían ser las fronteras de las áreas de conservación, los santuarios o núcleos duros, y las zonas de amortiguamiento restringida y condicionada.
El mapa 3 muestra la versión inicial de la Montes Azules, muy parecida a la actual. La RIBMA se superpone con la Comunidad Zona Lacandona a partir del río Lacanjá.
Suponemos que se intentaba dar manos libres a la extracción petrolera que decían existía en la región oriental. En compensación la ribma se extendía hacia el occidente, lo que incluyó en el área protegida a las comunidades asentadas en el valle de San Quintín desde los años cuarenta pero sobre todo desde los sesenta, creando artificialmente una zona problemática.
       
   
     
   

Mapa 5. En el sexenio de Carlos Salinas las principales perforaciones y hallazgos petroleros conllevan deforestación.
El mapa muestra cómo en 1993 las grandes áreas deforestadas de la Selva Lacandona coincidían en mayor o en menor medida con las grandes regiones donde las empresas transnacionales reconocían la presencia de los principales yacimientos de petróleo, o bien donde Pemex ha perforado y taponado sus principales pozos exploratorios.
La coincidencia es particularmente asombrosa en Marqués de Comillas en donde el área más deforestada de toda la región coincide puntualmente con el gran yacimiento Lacantún.
El mapa muestra también las nuevas áreas naturales protegidas hacia el este: Lacantún, Chan Kin, Bonampak, la Cojolita y Yaxchilán. Esto sugiere que las viejas expectativas petroleras en el prospecto San Fernando (ver mapa 2) terminaron resultando falsas, y expresa la enorme importancia que en la década de los noventa adquirió la biodiversidad como la materia prima estratégica de la ingeniería genética. Las nuevas áreas protegidas aprovechan zonas bien conservadas de selva.
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  Mapa 6. Se muestra la incongruencia de límites de la ribma. Las versiones de Ecosur (1990) y el inegi (1997) dejan fuera de la ribma comunidades como La Culebra y Santa Rita. Jorge Meave (1983), el gobierno del estado de Chiapas (1986) y la sct (1993), las incluyen. La discrepancia atañe justo a la Meseta del Ocote y el Suspiro: el área más importante de biodiversidad según los diagnósticos confidenciales de la selva. El grupo Pulsar (hoy Savia) y Conservation International la han escogido como base de bioprospección y ecoturismo.
No es un error de proyección topográfica. La extraña incongruencia en las versiones oficiales podría estar ligada a la presencia de yacimientos de petróleo en esta región —que le comerían más terreno a la ribma— mientras los biogenetistas pugnarían por más terreno conservado para extraer de ahí muestras genéticas muy provechosas comercialmente.
Es la región más densamente controlada por el ejército, la que presenta la acción más perniciosa de los paramilitares —que han expulsado a miles de personas— y en donde sí ocurren incendios reales. Esto podría sugerir una compleja situación en la que hacen carambola diferentes procesos: intereses petroleros en contra de intereses de la nueva industria de la biodiversidad; intereses militares que se entretejen con los petroleros, pero que apoyan el interés petrolero y biogenetista comercial por vaciar la zona. La situación se agrava al confrontar a conservacionistas contra los campesinos tzeltales y choles habitantes de la región que siguen luchando por ser reconocidos en su derecho legal de vivir en la Selva.
       
    Mapa 7. Según la Reforma Agraria, en la zona comprendida por la Comunidad Lacandona y la ribma existen 108 asentamientos: 85 en la Zona Lacandona y 42 en Montes Azules; 19 de ellos se ubican en ambas. En la Comunidad Lacandona 60 poblados están legalmente constituidos: 16 cuentan con Resoluciones presidenciales ejecutadas antes del Decreto de la Comunidad Lacandona y la constitución de la RIBMA; 44 con Resoluciones y Ejecuciones posteriores; 23 predios son considerados irregulares y 2 cuentan con posesiones provisionales.
En Montes Azules 31 asentamientos están legalmente constituidos; 11 se consideran irregulares.
El Decreto de restitución de bienes comunales a los lacandones, despojó al resto de los ejidatarios de sus derechos agrarios. Su lucha y resistencia logró el reconocimiento de sus derechos agrarios mediante Resoluciones y Ejecuciones de dotación posteriores al Decreto y a la constitución de la RIBMA.
La nueva ofensiva desatada contra de los pobladores de la selva, con amenazas de desalojo bajo el cargo de delitos ambientales y con el propósito de conservación, se dirige contra 32 asentamientos situados en la Comunidad Lacandona, en la RIBMA, o en ambas. La problemática de cada uno tiene diversos orígenes.
Diez de los 32 ejidos amenazados están totalmente regularizados: 8 cuentan con dotaciones presidenciales ejecutadas y 2 con otro tipo de acuerdos legales; 4 fueron oficialmente dotados antes del decreto a favor de la comunidad lacandona y de la reserva. Otros 6 fueron oficialmente titulados a finales de los ochenta.
Cinco ejidos más —constituidos oficialmente— solicitaron superficies complementarias, entre otras razones porque sus Resoluciones presidenciales se ejecutaron sólo parcialmente.
Cinco casos son ejidos viejos, legalmente constituidos, que solicitaron ampliación debido al crecimiento natural de la población, que fue rechazada. Al menos en dos casos la negativa gubernamental tardó 7 y 10 años.
Dos asentamientos solicitaron con anterioridad regularizar su situación agraria, la cual se rechazó.
Diez asentamientos pueden considerarse recientes. La mayoría de ellos los integran desplazados de la guerra sucia, a partir de 1995.
       
 

Confusión agraria


1971
El 26 de noviembre una Resolución presidencial concede 614321 hectáreas a 66 comuneros lacandones, sin tomar en cuenta a otros pueblos con trámites, resoluciones o dotaciones anteriores, unas 3 mil familias tzeltales y choles asentadas en la Selva Lacandona en décadas anteriores con aprobación del gobierno. Tras el decreto se encontraba el acuerdo entre los representantes lacandones y la Compañía Forestal de la Lacandona sa, (Cofolasa), propiedad del Estado —que permitía la explotación de 35 mil metros cúbicos de caoba y cedro por diez años.

1972
El 26 de marzo se publica oficialmente esta Resolución ejecutada el 24 de septiembre sin realizar los trabajos de deslinde.

1974
Ante la amenaza de desalojo de los ejidatarios asentados con anterioridad —con Resoluciones presidenciales ejecutadas y sin ejecutar o con trámites de solicitud pendientes— 26 comunidades resisten, lo que contribuye a la formación de la Unión de Ejidos Quiptic Ta Lecubtesel en 1975. Los topógrafos comienzan a trazar los límites del perímetro de la Comunidad Zona Lacandona desmontando una brecha de 10 metros de ancho. Otros 23 poblados tzeltales y choles aceptan la relocación y las promesas de apoyo gubernamental, crédito y subsidios, en los nuevos asentamientos de Frontera Echeverría (Frontera Corozal) y Velasco Suárez (Nueva Palestina). Se inician los trabajos técnicos para las 1452 personas que firman un convenio de reubicación.

1977
Enfrentamiento en Nueva Providencia entre las comunidades de la Quiptic y la policía, ante los hostigamientos y la amenaza de desalojo.

1978
El 12 de enero el gobierno publica el decreto de dos áreas protegidas en la Selva Lacandona: la Zona de Protección Forestal (2.6 millones de hectáreas), y dentro de ésta la Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules (331200 hectáreas). La reserva ocupa más del 50 por ciento de la Comunidad Lacandona.
En marzo un grupo de 800 campesinos de Quiptic bloquea la construcción de “la brecha” que delinearía la Comunidad Lacandona. La organización se expande rápidamente conforme los ejidos del norte y el este de Ocosingo se integran a la lucha por defender sus derechos agrarios.

1980
La convergencia en torno a la comercialización del café culmina con la formación, en septiembre, de la Unión de Uniones Ejidales y Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas (uu). La uu une a las tres Uniones de Ejidos formadas en la segunda mitad de los setenta: Quiptic Ta Lecubtesel en el municipio de Ocosingo; Lucha Campesina y Tierra y Libertad, en Margaritas, uniendo grupos productores de Los Altos, la Selva y la región fronteriza. Es la primera y más amplia organización campesina independiente de Chiapas de entonces: representa a 12 mil familias, de 180 comunidades, en once municipios.

1981
A raíz de la marcha de más de 2 mil campesinos de la uu para exigir la suspensión de las órdenes de desalojo y el reconocimiento de sus derechos agrarios afectados por el Decreto de la Comunidad Lacandona, se suspenden los desalojos.

1984
En enero se firma un acuerdo con la Reforma Agraria para respetar los títulos ejidales de las 26 comunidades de la Quiptic. La sra regional retiene la instrumentación de los acuerdos y se pierden documentos relevantes en el edificio de la sra en México en los terremotos de septiembre de 1985. La demora es también política. La solución depende de que acepten unirse a la cnc. Deciden mantenerse independientes.

1985
Ejecución real del decreto que establece la Comunidad Zona Lacandona con 485509 hectáreas incluyendo los dos nuevos centros de población. Quedan fuera del decreto los 26 ejidos de Quiptic asentados en la zona. El conflicto agrario persiste.

1986
Como hoy, los colonos campesinos son vistos en los medios de información y en los documentos oficiales como la principal causa de deforestación en Chiapas mientras que los madereros y los ganaderos pasan desapercibidos. Las dilaciones de la sra local mantienen viva la amenaza de desalojo. La Quiptic propone alternativas de solución basadas en las necesidades económicas y sociales de las comunidades afectadas, y se compromete a conservar la selva si el gobierno reconoce los derechos de los 26 ejidos y los apoya para fomentar una agricultura intensiva más sustentable. Se crea la Comisión Intersecretarial para la Selva Lacandona.
En octubre se reúnen en Palenque los representantes de la sra, Sedue, el gobernador chiapaneco, la sarh , el Coplade y la Quiptic. Se acuerda reconocer los derechos de los 26 ejidos y los funcionarios de la sarh prometen proporcionarles apoyo técnico y financiero. La Quiptic se compromete a participar en los programas de conservación y reforestación de la selva.

1987
Se firma un acuerdo final entre CFE, Pemex, Sedue, sarh, sra, Cofolasa, el gobierno del estado y Quiptic. Se establece un Comité Coordinador para la Preservación de la Selva Lacandona. Se legaliza la unificación de las varias organizaciones de la Unión de Uniones en una organización de tercer nivel (la aric Unión de Uniones).

1988
El 24 de marzo se firma un convenio entre comuneros, núcleos ejidales y representantes del gobierno. El 9 de julio se ejecuta por segunda ocasión la Resolución presidencial publicada en 1972, pero ahora reconoce 501106 hectáreas de superficie y ratifica el convenio firmado en marzo. 17275 hectáreas corresponden a 11 ejidos con resolución anterior al decreto de la Zona Lacandona, 51010 corresponden a 26 poblados solicitantes de tierras con trámites pendientes y 6 mil son destinadas a los reubicados en los nuevos centros de población.
Después de 15 años de lucha, el 25 de agosto se otorgan los títulos definitivos para los 26 ejidos de Quiptic, pero ya en ese momento existían más solicitudes en espera de solución. El crecimiento de las familias más viejas asentadas en la Selva, exige ampliaciones que comienzan a verse como “irregulares”.

1989-1993
Como primera acción agraria del presidente Salinas, en enero de 1989 se entregan oficialmente los títulos de propiedad para Quiptic.
Comienza también el retiro de las instituciones estatales de financiamiento, apoyo y asistencia técnica.
Debido a la presión de los ambientalistas se establece una veda forestal de carácter total que incide incluso contra el corte de madera para uso doméstico, lo que enfrenta a los pobladores de la selva con los guardias forestales y la policía. Esta veda no se acompaña de programas que promuevan fuentes alternativas de ingreso. La veda también afecta a la ganadería en pequeña escala, que deja de recibir apoyos.
Esto crea un círculo vicioso que se combina con el aumento en la población. Se dispara una rotación de las tierras más acelerada, el desmonte avanza y las tierras de la selva rinden menos. Caen los rendimientos del maíz y frijol. Escasean los alimentos, los campesinos enfrentan dificultades para comercializar sus productos; se renueva la presión sobre la tenencia de la tierra.
Si se añade a esto la caída del precio del café, la contrareforma salinista al artículo 27 constitucional y los programas de solidaridad que a nivel micro palian, pero no resuelven, los problemas creados a nivel macro económico, la situación estalla.

1994
Entra en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Aparece el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomando algunas de las principales cabeceras de los Altos y la Selva.
Después de 12 días de combate y haciendo eco de los reclamos de paz de la sociedad civil, el ezln se sienta a dialogar con el gobierno. Los diálogos continúan todo el año mientras crece la militarización de Chiapas, en particular en la Selva y los Altos.

1995
El 9 de febrero el gobierno rompe de facto las pláticas y pretende aprehender a la comandancia del ezln. Miles de familias huyen de sus comunidades, algunas a la Selva.
El diálogo se renueva a fines de marzo pero toma impulso en octubre. El ezln convoca a representantes de organizaciones y a investigadores del tema indígena a dialogar sus demandas directamente con el gobierno.

1996
El 16 de febrero se firman los Acuerdos de San Andrés, una herramienta, tejida desde la base social, para democratizar las relaciones entre gobernantes y gobernados. El gobierno se compromete, en resumen, a no continuar con políticas unilaterales. Comienza el proceso de paramilitarización y aumenta la militarización del estado y de las zonas indígenas del país.
Ante el incumplimiento gubernamental reiterado, el ezln supende el diálogo en agosto sin romperlo, y fija cinco condiciones para retomarlo: cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, un interlocutor con capacidad de decisión, liberación de los presuntos zapatistas, fin a la presencia militar y paramilitar, darle peso a la Comisión de Seguimiento.

1997
En varias regiones de los Altos y la Selva se crean municipios zapatistas en resistencia que desligitman al gobierno. El hostigamiento militar y de las bandas paramilitares crece en las orillas de estos municipios. Hay en varios de ellos resistencia civil a la presencia del ejército federal. En diciembre, un grupo de paramilitares asesina a 45 personas en Acteal, Chenalhó. Al momento hay ya unos 20 mil desplazados internos, verdaderos refugiados de la guerra sucia.

1998-1999
El cerco militar, policiaco y paramilitar sobre los municipios zapatistas y las zonas indígenas de Chiapas se recrudece. De 40 mil efectivos en 1995, para finales de 1999 por lo menos se ha duplicado. En 1998, la sequía prolongada provoca múltiples incendios en todo el país, y a nivel mundial. La Selva Lacandona no es la excepción. A nadie, salvo a los campesinos, parece importarle.

2000
Se desata una campaña contra los supuestos incendios en la Selva Lacandona. Se responsabiliza a los campesinos asentados en la Comunidad Lacandona y en la ribma. Las propias mediciones de Conabio desmienten tal afirmación. Los tres incendios visibles desde el satélite están en la cercanía de los campamentos del ejército federal. Varios ecologistas y académicos promueven el desalojo de los campesinos para proteger la selva. La Semarnap exige la reubicación de varias comunidades “irregulares” que según sus funcionarios no tienen derecho a estar en la selva. Existe la amenaza de desalojo por parte de la Policía Federal Preventiva a las comunidades que no acepten su reubicación.

2002
De nuevo hay denuncias y avisos de que se planea una acción de desalojo. El gobierno de Chiapas lo desmiente, pero el gobierno federal, la PFP y el Ejército, no dicen nada. Sin embargo, el rumor crece.

 

¿Y la ecología?

La riqueza
La Lacandona es una de las más extensas selvas altas perennifolias del país, la segunda selva tropical más importante de Latinoamérica después de la Amazonia, uno de los ecosistemas más complejos y diversos que se conocen. Incluye una porción significativa de la biodiversidad mexicana.
Las 331200 hectáreas la Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules (RIBMA), representa un quinto de la Selva Lacandona original, y en ella se encuentra el 70% de la vegetación original remanente: unas 4000 variedades de plantas vasculares y 1500 de árboles.
Entre 20 y 25 % de las especies animales mexicanas están presentes en Montes Azules: más del 33% de las especies mexicanas de aves (345); cerca del 25% de especies de mamíferos (112); un 44% de las especies de mariposas diurnas (800).
Su macizo forestal permite la regulación hidrológica regional, mantiene la humedad de los suelos y el control de la erosión.
La cuenca Usumacinta-Grijalva contiene un tercio de los recursos de agua dulce de México. El sistema Grijalva genera más del 30% de la energía eléctrica del país.
Cuenta con amplias reservas de petróleo y gas; yacimientos de uranio, hierro, aluminio, cobre.
Varias de estas riquezas están en la mira de algunas empresas porque le son indispensables a los campos de la biogenética, la microelectrónica y la nueva tecnología de materiales. Sus reservas de petróleo siguen siendo codiciadas.

¿Conservación?
El argumento de conservación de la Reserva de la Biosfera Montes Azules desenterró en el peor momento el antiguo conflicto agrario con la Comunidad Lacandona. En la amenaza de desalojar a las comunidades o en la posible privatización de las áreas naturales protegidas no se ha considerado que varios de los poblados emplazados no se encuentran en la ribma sino en la Comunidad Lacandona; que varios otros están legalmente constituidos, han sufrido las dilaciones de las instituciones agrarias o tuvieron que refugiarse en la selva ante el acoso del ejército federal o los paramilitares.
Si los mapas de la Lacandona caminan es porque se han adaptado a los intereses en turno —madereros, petroleros, agrarios o de bioprospección— a los que hoy se agregan los objetivos militares del gobierno mexicano.
Y mientras las políticas hacia la selva no se diseñen y se ejecuten con la participación de las comunidades, articulando conservación de recursos con prosperidad de quienes ahí viven, la selva y sus habitantes seguirán en peligro.